El objetivo del decreto es que aquellas empresas obligadas a presentar información no financiera calculen y registren su huella de carbono y elaboren un plan para reducirla. El Real Decreto también implica a todas las instituciones de la Administración general del Estado.

Las empresas que deberán elaborar el cálculo y un plan de reducción de la huella de carbono serán las mismas que están obligadas a presentar información no financiera según la Ley 11/2018; es decir, empresas que formulen cuentas consolidadas y sociedades de capital con un número medio de trabajadores empleados superior a 500, que tengan la consideración de entidades de interés público o cumplan la condición para ser consideradas gran empresa.

También están obligadas todas las instituciones de la Administración general del Estado, incluyendo los departamentos ministeriales, sus organismos autónomos, las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social, y otras entidades del sector público administrativo estatal.

El Real Decreto aprobado también implica la creación y regulación de un registro para la huella de carbono, la compensación y los proyectos de absorción de dióxido de carbono. Este registro da continuidad al registro del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) que ha estado en funcionamiento desde 2014 de manera voluntaria y que hasta la fecha cuenta con 14.250 huellas de carbono inscritas, 23.348 hectáreas repobladas y ha reconocido compensaciones de 154.406 toneladas de dióxido de carbono.

El Real Decreto modifica el Real Decreto 163/2014, de 14 de marzo, y hace referencia a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética de 2021 que ya estipulaba que se debería realizar dicha modificación.

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